La
presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad y en el sistema educativo es un dato innegable en los últimos años. Su
impacto ha provocado una suerte de revolución en la economía, la política, la
sociedad y la cultura, que transformó profundamente las formas de producir
riqueza, de interactuar socialmente, de definir las identidades y de producir y
hacer circular el conocimiento.
Dentro de los sistemas
educativos la inclusión de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
los programas y proyectos vienen
empujados por una fuerte presión social y económica.
El hecho de que la
presión o motor fuera sobre todo externo a los sistemas educativos motivó, al
menos inicialmente, que fueran pocos los planes de prospectiva que se
plantearan una planificación a largo plazo de cambios en gran escala. Esto se
debe, en gran parte, al ritmo acelerado de transformaciones, que impusieron el
tema aun antes de que pudiera ser procesado en proyectos que anticiparan
futuros desarrollos.
La escuela ha sido
señalada como una institución estratégica para la recepción de las TICs, ya que
es allí donde se concentran los procesos de creación y transmisión de
conocimientos, pero lo cierto es que las inversiones en infraestructura en
materia de nuevas tecnologías que se produjeron en un comienzo, apuntaron más a
la conectividad organizacional, a la venta de servicios en los hogares y
–últimamente– a la conectividad móvil de los usuarios particulares, sin que se
haya registrado una inversión paralela en el ámbito de la educación –pública o
privada– con el fin de promover su apropiación y uso creativo por parte de los
jóvenes. La impresión compartida a lo largo y a lo ancho del globo es que la
dinámica ha sido tan veloz y descentralizada que ha dejado a las instituciones
tradicionales rezagadas respecto de las nuevas realidades que el mercado fue
capaz de imponer.
Sin embargo, en los
últimos años ha podido observarse que hay una recuperación de la iniciativa por
parte de los Estados a través del desarrollo de diferentes programas orientados
a equipar, capacitar e incorporar en el territorio escolar las nuevas
tecnologías.
Todos ellos dan muestras
de la existencia de políticas que buscan acompañar estas transformaciones,
sumarlas al mundo de la escuela y orientarlas en una dirección determinada.
Y en éste desafío, la
primera preocupación hace a la inclusión digital, y tiene que ver con reducir
la brecha entre sectores sociales y entre generaciones en el acceso y el uso
que se hace de las nuevas tecnologías. Allí se enmarcan, entre otras cosas, las
políticas de equipamiento y conectividad, los programas de una computadora por
niño o los planes que apuntan a la adquisición de competencia para el uso de
las TICs. Si bien datos recientes del sistema educativo argentino, muestran
avances muy importantes en esta dirección, el mapa de la conectividad evidencia
que todavía restan pasos importantes para garantizar el acceso a los sectores
más postergados de la población, ya sea por razones socioeconómicas que limitan
ese acceso, ya sea por su localización geográfica que los coloca fuera del
alcance o cobertura del actual mapa de conectividad.
La segunda preocupación
se relaciona con los desafíos pedagógicos que implica la introducción de nuevas
tecnologías en las escuelas, tanto en términos de las transformaciones del
espacio y del tiempo que imponen, como en la reorganización de los saberes y
las relaciones de autoridad en el aula. La escuela es una institución basada en
el conocimiento disciplinar y en una configuración del saber y de la autoridad
previa a las nuevas tecnologías, más estructurada, menos exploratoria y
sometida a criterios de evaluación comunes y estandarizados. Por otro lado, las
nuevas tecnologías –y su lógica de consumo– parecen funcionar sobre la base de
la personalización, la seducción y el compromiso personal y emocional, y lo
hacen siempre con una dinámica y una velocidad que entran en colisión con los
propósitos y “tiempos” de la enseñanza-aprendizaje de la escuela.
Estas características
implican desafíos muy concretos sobre cómo, dónde, cuándo y quiénes se harán
cargo de la introducción de estas nuevas tecnologías en el aula, porque se
trata de dos lógicas y modos de configuración del conocimiento muy diferentes.
No estamos entonces solamente ante un problema de inversión en infraestructura
(requisito necesario pero no suficiente en el campo de las TICs) sino también
ante una mutación simbólica y cultural que involucra las bases sobre las que se
construye la institución escolar.
El debate sobre las
nuevas tecnologías y su impacto en el sistema educativo debiera partir de la
responsabilidad de las políticas públicas, de los sistemas educativos y de los
adultos respecto de los usos y prácticas que se producen en torno a ellas. La
noción de responsabilidad (tanto de las instituciones involucradas como de las
personas comprometidas en ellas) no implica autoría completa y unívoca de las
acciones ni voluntad de control de todo lo que sucede, lo cual no solo se ha
vuelto imposible en el marco de formas de producción y circulación de los
saberes.
Por estas razones de
oportunidad histórica, compromiso con la democratización de la cultura y
preocupación por el devenir ético-político de nuestras sociedades, el sistema escolar,
basado en una noción de “cultura pública común”, debería ocuparse de garantizar
la equidad no solo en el acceso a las nuevas tecnologías sino también a una
variedad y riqueza de prácticas de conocimiento. Al mismo tiempo, debería
también abordar la cuestión ética y política de la formación de las audiencias
y de los nuevos espectadores/
productores de cultura,
para plantear otros ejes de debate y de interacción que tengan en cuenta
múltiples voces y perspectivas.
